De acuerdo con la fiscal, el propietario de la vivienda, Eleno Arriola, solo presentó documentos para respaldar aproximadamente G. 100 millones, supuestamente provenientes de la venta de propiedades. El resto del dinero —alrededor de G. 150 millones— no cuenta con sustento legal, por lo que se presume que sería producto de actividades usurarias.
Entre las principales evidencias levantadas figuran 28 tarjetas de débito a nombre de distintas personas, así como pagarés y recibos en blanco. Algunas de las tarjetas pertenecen a beneficiarios de programas estatales como Tekoporã, aunque la fiscal aclaró que también se encontraron plásticos de otros tipos.
Martínez mencionó que Arriola se encontraba en el domicilio durante el allanamiento, pero no fue detenido debido a su edad y estado de salud. “No ordené su aprehensión por razones humanitarias, ya que es una persona enferma de 72 años”, explicó.
Pese a esto, la representante del Ministerio Público dejó en claro que el investigado deberá responder ante la justicia. “La falta de detención no significa que quede exento; igual afrontará las consecuencias penales”, subrayó. Arriola será convocado a declarar en la Unidad Penal N.° 7.
Sobre las posibles sanciones, Martínez recordó que la usura contempla penas diferentes según su gravedad: la modalidad grave puede alcanzar hasta 10 años de prisión, mientras que la no grave prevé penas de hasta 3 años. En este caso, señaló que la cantidad de dinero sin justificar y la presencia de tarjetas y documentos podrían configurar la forma más severa del delito.
