| Wednesday, 04 de February de 2026 00:00 |
El Departamento de Investigaciones de Amambay centra sus pesquisas en un presunto litigio de tierras como principal móvil del asesinato de Celso Ramos Maciel da Silva, ciudadano brasileño de 33 años, ultimado el sábado 3 en la colonia Potrero’i, distrito de Zanja Pytã.
El comisario Osvaldo Marecos, jefe de Investigaciones, explicó que el inmueble donde se produjo el ataque se encuentra en medio de un proceso judicial. La pareja de la víctima sería la heredera del terreno y ambos residían allí mientras aguardaban una resolución definitiva del caso.
“Este dato es relevante para la investigación, ya que no se registraron otras amenazas directas contra la víctima”, señaló Marecos en entrevista radial. Sin embargo, también indicó que el fallecido contaba con antecedentes en Brasil relacionados con amenazas y hechos de violencia familiar, lo que amplía el contexto del análisis policial.
Otra de las hipótesis que no se descarta tiene relación con denuncias realizadas por la propia víctima. Según datos preliminares, Ramos Maciel había alertado en más de una ocasión sobre la presencia de personas armadas que merodeaban la zona, tanto a pie como a bordo de camionetas de alta gama. Estas informaciones continúan siendo verificadas por los investigadores.
En cuanto a la mecánica del crimen, la Policía confirmó que el ataque fue ejecutado por un solo tirador, descrito como de contextura delgada. El agresor utilizó un arma de fuego calibre 9 milímetros y efectuó varios disparos certeros, dejando vainillas servidas en el lugar.
La investigación enfrenta una dificultad clave: la ausencia de cámaras de seguridad en la vivienda y en sus alrededores. Ante esta limitación, los agentes apuestan al análisis técnico del teléfono celular de la víctima y al testimonio de su pareja como elementos centrales para avanzar en la identificación del autor.
El dispositivo móvil ya fue incautado y se encuentra en poder del Ministerio Público. Se aguarda la autorización fiscal para la extracción de datos, con el objetivo de determinar si existieron llamadas, mensajes o amenazas previas que refuercen la hipótesis de un crimen vinculado al conflicto por la propiedad.
